Judicialización en la industria de la aviación
Expertos discutieron soluciones colaborativas para mitigar los desafíos legales y promover un entorno justo en el sector aéreo de América Latina
26 sep. 2024
Panamá, 26 de septiembre de 2024 -Durante la conferencia ALTA Aviation Law Americas 2024, el panel "Encontrando el Equilibrio: Protección al Consumidor y Mitigación de la Excesiva Judicialización en América Latina", abordó uno de los desafíos más urgentes para las aerolíneas: la excesiva judicialización, especialmente en países como Brasil.
El moderador Ricardo Bernardi, socio de Bernardi e Schnapp Abogados, destacó que el daño moral, como tema central de las reclamaciones jurídicas, contribuye significativamente al volumen de litigios en la región. "La cuestión del daño moral, tal como se está utilizando en procesos contra aerolíneas, crea un tipo de compensación que funciona como un cheque en blanco, con un valor garantizado. Esto ocurre porque las demandas judiciales se consideran válidas sin tener en cuenta el motivo del retraso o la cancelación del vuelo", explicó.
Agustín Ojea Quintana, Director Jurídico de Flybondi, compartió sus ideas sobre las inconsistencias jurisdiccionales, señalando que jueces brasileños están extendiendo la aplicación de la legislación nacional a situaciones que ocurren fuera del territorio nacional. Esta práctica genera inseguridad jurídica tanto para las aerolíneas como para los propios pasajeros. "No cuestionamos la competencia del juez brasileño, lo que pedimos es que, al momento de juzgar, se utilice el código aeronáutico o la regulación del país donde sucedió el vuelo."
Flávio Igel, socio de Nantes Mello Advogados, ilustró cómo las prácticas litigiosas depredadoras—como la fragmentación de reclamos y la participación de plataformas de tecnología jurídica—son cada vez más comunes. Su presentación incluyó medidas que las aerolíneas pueden tomar para identificar estas prácticas.
Presentando datos alarmantes sobre la judicialización del sector aéreo brasileño, Bruno Bartijotto, Director Jurídico de LATAM Brasil, destacó que, aunque LATAM Brasil representa solo el 50% de la operación del grupo, el 98.5% de las demandas judiciales que enfrenta la empresa ocurren en Brasil. "Esta disparidad revela la alta concentración de litigios en el país y el problema de los daños morales, cuyas condenas a menudo superan el 300% del valor del boleto, lo que aumenta significativamente la carga financiera sobre las aerolíneas", señaló Bartijotto.
María Eugenia Torres, Jefa de Registro de Aeronaves en ANAC Argentina, discutió el nuevo decreto que busca establecer un servicio de conciliación aeronáutica. "La intención es unificar las reglas, garantizando los derechos del consumidor dentro del contexto del derecho aeronáutico, pero incluyendo un control más efectivo que involucre a los pasajeros."
Reflexionando sobre el panorama regulatorio en América Latina, Cecilia Demarco, Directora Legal y de Asuntos Corporativos de JetSMART, explicó que la previsibilidad y la seguridad jurídica son esenciales. "La industria aérea está acostumbrada a operar bajo una regulación estricta, lo cual es natural en un sector tan relevante para la economía y la sociedad. Sin embargo, es fundamental que estas normativas no limiten la capacidad de las empresas para inovar y ofrecer productos basados en sus modelos de negocio, ya que esto podría restringir la libertad del mercado y, por ende, afectar la diversidad de opciones disponibles para los consumidores. En última instancia, el consumidor debe tener la posibilidad de elegir lo que mejor se ajuste a sus necesidades, y cualquier iniciativa regulatoria debe tener en cuenta este principio para asegurar la sostenibilidad de las empresas y una competencia saludable.", subrayó.
Las discusiones entre los expertos dejaron claro que la judicialización excesiva no solo sobrecarga el sistema judicial, sino que también compromete la sostenibilidad y el desarrollo del sector aéreo. Al final, los que más sufren con esta realidad son los propios pasajeros, que enfrentan aumentos de costos y menos opciones de servicios. Al fomentar el diálogo y adoptar medidas educativas, es posible construir un entorno más equilibrado, que proteja los derechos de los consumidores y garantice la viabilidad del sector.